La deriva de las instituciones políticas es diversa y compleja, por lo tanto cuesta entenderla, pero un rasgo que habitualmente repite - y esto no es novedad en la academia - es su incrementalismo. Que las cosas cambian de a pocos, a ritmos inesperados y en direcciones impredecibles es algo que quizá deberíamos asumir todos los que aspiramos a ser elegidos por la voluntad popular para ayudar al resto. Toda reforma debe ser lenta. 

Lo anterior explica por qué la institución “libertad y igualdad para la mujer” avanza de a pocos, y por qué hoy aparece una norma que condena el acoso sexual callejero pero no tiene sanciones. El Congreso legislará pronto al respecto - en el marco del nuevo código penal - y ha ofrecido sanciones rigurosas. El convencimiento político ha sido tan fuerte que se ha postergado una parte importante del proyecto reformista.

Pero las cosas no sólo son incrementales para fines de protección frente al imprevisto, sino porque en toda voluntad de regulación y reforma por parte del Estado hay zonas de incertidumbre en las que no queda claro si hay delito, o es fácil para las partes en conflicto (dos personas en este caso) infringir la ley sin ser pillados o dejar rastros. En esa lógica, la postergación de la condena legal es una virtud, acaso consciente.

¿Cuál es esa zona de incertidumbre aquí? Se ubica idealmente entre el piropo que no quiere ofender aun cuando no es esperado y la posibilidad de que el receptor (usualmente mujer) tolere la decisión unilateral y eventualmente la disfrute. En esa situación, que puede darse completa o no, el seductor podría encontrarse con un objeto de seducción (hombre o mujer) que se ofende porque interpreta humillante lo declarado. O peor aún, con alguien que disfruta de situaciones dramáticas relativas a su sexualidad y colabora con el ímpetu del seductor para luego pedir auxilio en voz alta.

Claro que puede suceder, y por ello es un reto de quienes han aprobado esta norma reglamentarla con el mayor cuidado posible, para reducir al mínimo estos escenarios marginales y ciertamente perversos. Pero esto no debe hacernos perder de vista el fondo del asunto: es indignante e indiscutiblemente abusivo que a una persona le digan groserías sexuales cuando no las quiere escuchar, y que ésta no tenga herramientas físicas o legales para impedirlo.

Estamos hablando de un paso más en esta complicada lucha democrática que es la conquista de la libertad e igualdad para todos los seres humanos, fiesta en la que no se ha tratado con justicia a las mujeres, sino más bien con sometimiento. El resentimiento cabe aquí, y debiera ser utilizado como energía de entendimiento para un posterior perdón.

La dación de esta norma inicia un cambio cultural: el fin de una conducta semi-salvaje, casi cavernaria. Quienes ponen excesivo énfasis en los pendientes o vacíos de la ley quizá están escondiendo a un conservador que no aceptan. O a un polemista inoportuno en el mejor de los casos.