Según Apoyo, solo el 29% del Perú urbano está informado sobre Tía María y sus pro­blemas de entorno. De este grupo, cerca del 30% desaprueba el desarrollo del proyecto y el 60% lo aprueba: no hay un gran con­senso urbano –y menos nacional– a favor de esta inversión. Mientras tanto, Southern es mayoritaria­mente resistido en Islay debido a sus antecedentes contaminantes. 

Los cerca de 500 millones de soles anuales que se tributarían no son de vida o muerte para el presupuesto nacional ni para la realidad administrativa del Estado peruano. El aporte del proyecto al PBI es de relativa relevancia, por concepto y por volumen.

Palacio defiende abiertamente el proyecto: el premier –voz y ánimo del Presidente– se ha comprometi­do a sacar Tía María adelante. Para dialogar, la empresa ha prorroga­do su inicio de operaciones por un año, pero las protestas exigen el retiro definitivo de la minera. Esto es complicado: porque la renta­bilidad privada de la inversión es alta, porque hay contratos de por medio, y sobre todo porque este gobierno está comprometido con la gran inversión.

Hace mal el Ejecutivo en mez­quinar explicaciones públicas en relación al Estudio de Impacto Ambiental y en negarse al escru­tinio internacional. Pero incluso en el escenario de un gobierno que logra convencer a una ma­yoría nacional, si la población de Islay insiste en cerrar el proyecto –así sea con razones de aparien­cia populista– el Presidente debe retroceder y hacer un llamado al diálogo nacional.

El Perú no es ajeno a las tenden­cias políticas contemporáneas: el poder se ha desconcentrado y repartido, no hay mayorías parla­mentarias o éstas son breves, los ciudadanos son más exigentes que antes y las preferencias sociales son diversas. Esta realidad es más aguda entre nosotros, porque so­mos un país fragmentario y con pendientes estructurales.